Revisar el cumplimiento regulatorio respecto a las transacciones: El poder del IPJ

Parte II: Cómo puede usarse el IPJ para posibilitar un procesamiento sencillo, reforzar la lucha contra los delitos financieros y prepararse para un ecosistema global de identidad digital

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La adopción de tecnologías facilitadoras ha transformado la forma en que el mundo gestiona las transacciones comerciales y financieras. No obstante, los mecanismos existentes para aplicar las normas reguladoras que rigen estas transacciones no se han actualizado y siguen basándose en prácticas desfasadas. El proceso para cotejar los nombres de organizaciones que ejecuten o participen en transacciones financieras con los que consten, por ejemplo, en listas de sanciones y vigilancia resulta lento y costoso, además de generar un elevado número de «falsos positivos». Por consiguiente, a menudo se requieren recursos adicionales para complementar el proceso mediante un cribado manual.

En esta segunda entrada del blog, en el marco de la serie que analiza la confianza financiera en la era digital, nos centramos en el modo en que la adopción sistemática del Identificador de Personas Jurídicas (IPJ) en todo el ecosistema financiero mundial, y en particular respecto a las listas de sanciones y vigilancia, posibilitaría un procesamiento sencillo y totalmente automatizado, lo cual resultaría en sistemas de cribado más eficaces y efectivos y una defensa más sólida frente a los delitos financieros.

¿Listas de sanciones y de qué más?

Para combatir el fraude y otras transacciones ilícitas, existen listas de sanciones y vigilancia abiertas al público y mantenidas por distintas autoridades supervisoras de todo el mundo. Dichas listas suelen incluir los nombres de personas físicas y jurídicas cuyas transacciones se considere que justifican investigaciones posteriores.

Las entidades financieras responsables de facilitar los flujos financieros deben garantizar el cumplimiento regulatorio respecto a tales listas mediante la comprobación, en ocasiones manual, de que los nombres publicados no se correspondan con los nombres indicados en las transacciones que lleven a cabo con los clientes. Aunque las «personas físicas» suelen constituir dos tercios de las entradas de las listas de sanciones y vigilancia, una proporción elevada de delitos financieros implica el uso del nombre de una sociedad. Por tal motivo, la identificación de las personas jurídicas que figuren en dichas listas resulta decisiva para lograr reducir los delitos financieros.

En la actualidad, el proceso de cumplimiento regulatorio exige a las entidades financieras que cotejen únicamente los nombres, dado que no requiere la confirmación de la identidad de las partes que llevan a cabo la transacción, por lo que se restringe su efectividad. Asimismo, en una economía global, los nombres se presentan en diversos conjuntos de caracteres, mientras que la mayoría de las listas de vigilancia y el sistema financiero en general se basan en caracteres latinos básicos. La transformación de los nombres entre distintos conjuntos de caracteres aumenta aún más la ambigüedad. Puesto que los procesos actuales también resultan tanto costosos como ineficaces, hay una oportunidad importante de sustituir el sistema basado en nombres por uno que se base en la identidad, lo cual supondría una administración más ágil, efectiva y barata para todas las partes interesadas.

Estas ventajas ya están al alcance de la mano. La solución reside en la generalización del IPJ.

Un cumplimiento regulatorio más rápido, mejor y más rentable

El IPJ es un estándar internacional, a saber, un identificador único asociado a una persona jurídica y emitido por una organización acreditada. Esto supone que, al utilizarlo en flujos financieros, la verificación del cumplimiento regulatorio puede basarse en identidades reales en lugar de meros nombres. Con respecto a las listas de sanciones y vigilancia, esto significa que las partes de una transacción se podrán identificar de forma inequívoca, lo cual disminuye considerablemente el número de falsos positivos que el proceso de cotejo genera a día de hoy.

De hecho, las ventajas de la adopción del IPJ para el cumplimiento regulatorio respecto a las transacciones financieras repercuten a todos los niveles de partes interesadas.

Los reguladores, que se encargan de definir las políticas y los programas de cumplimiento, pueden establecer normas que exijan un mayor nivel de seguridad, sabiendo que el cotejo de personas jurídicas basado en la identidad puede realizarse de forma automática en todo el ecosistema financiero aplicando el IPJ en el cumplimiento de los requisitos regulatorios respecto a las listas de sanciones y vigilancia. Estas autoridades supervisoras, junto con sus intermediarios, pueden simplificar en gran medida los procesos de mantenimiento y publicación de las listas, gracias a la adopción por parte del ecosistema financiero de un estándar global único, reduciendo significativamente los costes y aumentando la eficacia. Por último, la adopción universal del IPJ facilitaría el intercambio de información entre estas autoridades, lo cual permitiría una coordinación más estrecha respecto a la creación de datos procedentes de listas de sanciones y vigilancia a escala mundial.

Las entidades financieras pueden establecer un procesamiento sencillo y totalmente automatizado gracias a la interoperabilidad facilitada por el IPJ. El cumplimiento regulatorio basado en la identidad posibilitado por la adopción del IPJ incrementa asimismo la efectividad del cribado en el cotejo con las listas de sanciones y vigilancia, lo cual da lugar a una mayor eficacia, reduce los costes de forma significativa y permite realizar unas comprobaciones de cumplimiento mejores y más sólidas.

Los clientes de entidades financieras que, obviamente, son los que ponen en marcha las transacciones también se verán beneficiados. Mediante el uso del IPJ las contrapartes pueden identificarse de forma inequívoca. Asimismo, disminuye el riesgo de ser confundido con una persona jurídica con un nombre parecido que figure en una lista de sanciones.

Todas las partes implicadas en la ejecución de una transacción son responsables del cumplimiento regulatorio respecto a la misma, por lo que la adopción del IPJ les proporciona un método sencillo y directo para comprobar la identidad antes de comprometerse con una parte, confirmando su cumplimiento con las regulaciones desde el inicio de la transacción.

A más largo plazo, las implicaciones en sentido más amplio para el ecosistema financiero resultan enormemente positivas. Los procesos que rigen las transacciones digitales habrán evolucionado finalmente en línea con la era digital. Es más, al adoptar un sistema que permita garantizar de forma inequívoca la identificación de personas jurídicas, en el marco de un formato digital abierto, interoperativo e instantáneo, todas las partes interesadas podrán realizar transacciones con mucha más confianza y seguridad.

Sin embargo, lo más importante es que las oportunidades de que los delincuentes financieros burlen al sistema descenderán extraordinariamente a escala mundial.

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